Estamos de acuerdo con la protesta de los pobladores de Islay, pero, rechazamos cualquier tipo de acción que viole los principios constitucionales como el libre tránsito, rechazamos que Islay caiga en manos de mineros inescrupulosos que ocasione la pérdida de uno de los últimos emporios agrícolas, pero, para ello debe promoverse que todo empresa minera pague todos los impuestos jurídicos. Las protestas debe ser pacíficas y no interrumpir el libre transito, para ello las fuerzas armadas y policiales deben brindar las garantías para el cumplimiento constitucional.
